El Gobierno portugués ha apostado por una reforma migratoria profunda que endurece el acceso de los inmigrantes al país. Pero sus líneas maestras, restrictivas y pactadas con la extrema derecha, están chocando con los tribunales. El Constitucional portugués ha tumbado este lunes cuatro artículos de la ley de la nacionalidad aprobada en octubre, así como la modificación del Código Penal que pretendía retirar la ciudadanía a extranjeros naturalizados que hubiesen cometido delitos graves, una pena adicional que los jueces ven como una vulneración del principio de igualdad.
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