Irán ha acelerado la represión contra la disidencia a raíz de la guerra iniciada el 28 de febrero. Este endurecimiento no solo afecta a manifestantes internos, sino que reactiva tácticas de décadas pasadas para golpear con más fuerza a los exiliados que critican al régimen. Una de sus herramientas clave es la confiscación de propiedades, práctica que avanza en paralelo a una alarmante ola de ejecuciones. Aunque las cifras oficiales registran 27 ahorcamientos desde el estallido de la guerra, el apagón de internet y la falta de fuentes independientes hacen temer que el número real de víctimas pueda ser significativamente mayor.
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