“La era de las deportaciones ha comenzado”. Hace unos meses, la frase del eurodiputado sueco de derecha radical Charlie Weimers sonaba como una provocación. Ahora, tras el acuerdo sobre el reglamento de retornos entre la Eurocámara, los Estados y la Comisión, parece más bien una descripción precisa del rumbo político de la Unión Europea. Con el marco legal para enviar migrantes a campos de deportación fuera de Europa prácticamente cerrado, varios Estados miembros —Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Grecia— han intensificado la busca de países para albergarlos; principalmente en África, lejos del Viejo Continente, según fuentes diplomáticas. La batalla política ha terminado, pero la geográfica acaba de empezar.
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