A David Morales, un exmilitar español dueño de una diminuta empresa de seguridad en Jerez de la Frontera, no le tembló la mano cuando el 21 de marzo de 2017 envió este correo electrónico a sus trabajadores: “Me solicitan que levantemos un estudio sobre el personal empleado en la embajada, ayudantes o equipo huésped, visitantes frecuentes del huésped.. Nos informan se sospecha que el huésped está trabajando para el servicio ruso de inteligencia.. Se nos requiere la posibilidad de introducir uno o más micrófonos en el dormitorio del huésped. Estarán camuflados y grabando en tiempo real… Este micro deberá de tener capacidad de transmisión FTP con salida a un servidor con localización segura”.
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